La orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica se regula en la Ley 27/2003 de 31 de julio. Esta orden es un instrumento más de respuesta ante la violencia de género.

Tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de la mencionada Ley, la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica pretende que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial ante el Juzgado de Instrucción, la víctima pueda obtener una protección integral, en base tanto a restricciones de la libertad de movimientos del agresor para impedir su aproximación a la víctima, como a medidas que proporcionen seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia.

Este procedimiento puede solicitarse tanto por las propias víctimas, como por sus representantes legales y las personas de su entorno familiar. El Juez de Instrucción dictará la Orden de Protección cuando exista una situación objetiva de riesgo para la víctima.

La orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica puede solicitarse ante el Juzgado, ante el Ministerio Fiscal, en las Comisarías de Policía, en las Oficinas de atención a las víctimas y en los Servicios Sociales dependientes de las Administraciones Públicas, quienes la remitirán con inmediatez al Juez competente.

Recibida la solicitud de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, el Juez convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, al solicitante y al agresor (por separado), así como al Ministerio Fiscal.

Las medidas que adopte el Juez tras esta audiencia, pueden ser tanto de carácter penal -cualquiera de las legalmente previstas-, como de naturaleza civil, entre las cuales se encuentran la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, la determinación de un régimen de visitas a los hijos, el régimen de prestación de alimentos, etc.

Finalmente, las medidas de naturaleza civil tendrán una vigencia de 30 días, y si en ese plazo la víctima inicia un proceso de familia, dichas medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas si efecto por el Juez competente.